Sustracciones en cuentas bancarias y clonaciones de tarjetas: ¿Obligación de reembolso de los bancos?

Autor del artículo: David Vergara

Seguramente a alguno de los lectores o alguien cercano le ha sucedido… acude al cajero automático con su tarjeta débito, y el banco le indica que no posee los fondos suficientes para realizar la transacción. Insólito… pues el cliente asegura que tiene los fondos y no ha hecho débitos últimamente. Se acerca al servicio de atención en el banco, y de forma inesperada el asesor le manifiesta que su tarjeta ha sido utilizada en un cajero automático en concreto, inclusive en alguna otra ciudad ajena al domicilio del afectado.

Para las tarjetas de crédito la situación es muy similar, y la irregularidad se vislumbra cuando el cliente se queda sin cupo para poder realizar una compra, o simplemente llega el estado de cuenta con algunas transacciones que no las ha autorizado. Estos dos escenarios son el “pan de cada día” de los clientes de instituciones financieras, (como bancos y cooperativas de ahorro y crédito), y las cifras van en aumento paulatinamente. Los delitos informáticos están desplazando a otras modalidades delictuales, como los que afectan a la integridad personal y a la administración pública. Es una realidad y merece la toma de acciones por parte de las autoridades de control.

Este tipo de irregularidades descritas en los párrafos anteriores, se denominan de formar genérica como “fraudes bancarios”, cuyo concepto engloba una serie de conductas ilícitas realizadas sin el consentimiento de la víctima, para aprovechar y transferir para su beneficio o el de un tercero, dinero y recursos que se encuentran en cuentas bancarias o créditos a favor del perjudicado. La sustracción de los fondos se produce al haber obtenido dolosamente el acceso a los datos bancarios del titular de las cuentas, por una clonación, alteración o duplicación de las tarjetas de crédito o débito, de pago u otras similares. Inclusive han existido casos de asociaciones delictuales conformadas por empleados del banco conjuntamente con personas externas, siendo los primeros los que facilitan los datos bancarios y los segundos los que ejecutan las transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de las cuentas.

Partiendo de la base legal, los denominados fraudes bancarios se encuentran tipificados en el Art. 186 #1 y #2 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, como una especie de delito de estafa. Tal configuración se produjo en este nuevo código, debido a la tendencia de los operadores de justicia de imputar y acusar la conducta como si fuera estafa, pese a que no existía una disposición autónoma.

Sin embargo, merece la pena analizar lo que realmente le interesa al cliente que consiste en recuperar su dinero. Se aglutinan las dudas en dos interrogantes:

1.- ¿El banco está obligado a rembolsar la pérdida de dinero por el fraude bancario?

2.- ¿En caso de estar obligado, qué cantidad está autorizado en rembolsar?

Sobre la primera interrogante, la respuesta es generalmente sí. La resolución de la Junta Bancaria No. JB-2012-2090 (RO #635 del 7 de febrero de 2012) dispuso incluir, el artículo 41 en las “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la Junta Bancaria, que determina:

“Artículo 41.- Las instituciones financieras contratarán anualmente con las compañías de seguro privado, coberturas que aseguren a la entidad contra fraudes generados a través de su tecnología de la información, sistemas telemáticos, electrónicos o similares, como mínimo ante los siguientes riesgos:

41.1 Alteraciones de bases de datos.

41.2 Acceso a los sistemas informáticos y de formación ilícita.

41.3 Falsedad de informática.

41.4 Estafa informática.

41.5 Daño informático; y,    

41.6 Destrucción a la infraestructura a las instalaciones físicas necesarias para la trasmisión, recepción o procesamiento de información.»

Esta norma, que es de cumplimiento obligatorio desde el 30 de junio de 2012, tiene como objetivo que las instituciones financieras cuenten con un seguro privado, para poder solventar todo tipo de fraude bancario que se produce en perjuicio del cliente. De esta manera, quienes asumen el pago de los perjuicios son las compañías de seguros, cuando el banco les reporta el fraude bancario; y por ende, no hay excusa para que al cliente no se le devuelva la cantidad sustraída.

Los bancos han implementado un sistema mediante el cual, el afectado, debe presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía, para luego revisar internamente el acontecimiento, y posteriormente decidir si debe de operar el rembolso.

Sin embargo, no todos los fraudes que se producen en los bancos necesariamente deben de ser rembolsados, sino aquellos en los que se han realizado por deficiencias en los sistemas de control de seguridad de la entidad, como sucede con las clonaciones, alteración y duplicación de las tarjetas de crédito y débito. Es decir, que el banco podrá exonerarse de responder cuando logre probar que el hecho ocurrió como resultado de una circunstancia de fuerza mayor, o cuando la culpa es de la propia víctima. No sería lógico que la entidad financiera tenga que rembolsar a aquel cliente que ha dejado olvidada su tarjeta de crédito, o aquél que ha sido víctima de robo y no ha procedido a su bloqueo.

Sobre la segunda interrogante, suponiendo que el banco debe de rembolsar el dinero, hasta el momento no existe una resolución emitida por la Junta Bancaria que determine los porcentajes reales que deben de rembolsarse. Sin embargo, de conformidad con el Art. 308 de la Constitución de la República de Ecuador, es obligación de las entidades financieras “preservar los depósitos” de los usuarios, afirmación categórica que conduce a concluir que efectivamente se deben de preservar íntegramente, es decir el cien por ciento. Consecuentemente, ante un fraude bancario debidamente comprobado, sea cual fuere la cifra, el banco estaría en la obligación legal de compensar totalmente, por expresa norma constitucional de obligatorio cumplimiento, al ser la actividad bancaria un servicio de interés público.

David Vergara About the author

Profesor de Derecho Informático en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Máster en Derecho de Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Se el primero en dejar tu comentario

Deja tu comentario: