¿Es necesario que un Juez o Notario legalice un documento firmado electrónicamente?

Autor del artículo: David Vergara

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos del Ecuador (Ley 67 del Registro Oficial Suplemento 557 de 17 de abril de 2002), reconoce y regula los mensajes de datos como aquellos medios electrónicos a través de los cuales se perfeccionan los contratos electrónicos, es decir todo tipo de información generada, procesada, enviada, recibida, comunicada y archivada por medios electrónicos. Su reconocimiento legal se encuentra en el Art. 3 de la antedicha ley, que instaura el principio de equivalencia funcional, que tiene como propósito el tratamiento igualitario entre el documento escrito y el mensaje de datos, al otorgarle la misma validez jurídica a este último, siempre y cuando cumpla los requisitos formales establecidos en la ley.

Es evidente que a través de los mensajes de datos, se pueden crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, como celebrar contratos (por ejemplo comprar un antivirus por internet) y actos jurídicos unilaterales (declaración en línea de impuesto a la renta), o simplemente un mensaje que produzca algún efecto jurídico (correo electrónico en el que se calumnie a un tercero). Cuando el mensaje de datos tiene alguno de aquellos propósitos, la doctrina los denomina documentos electrónicos, justamente para hacer una distinción entre los demás mensajes de datos que no necesariamente producen efecto jurídico alguno. Luego, que si un documento electrónico quiere tener mayor certeza y eficacia probatoria, deberá contar con la firma de la persona quien lo creó para garantizar su autenticidad y puede ser obligado a cumplir las obligaciones y/o derechos que se adquirieron en el documento.

Debido a que es imposible firmar con “puño y letra” un documento jurídico, la Ley de Comercio Electrónico creó la figura de la firma electrónica, que es un conjunto de datos adjuntados o lógicamente asociados al mensaje de datos, que garantizan no solamente su autenticidad, sino también su integridad, confidencialidad y no repudio de las obligaciones adquiridas. Estos elementos adicionales, superan la protección que otorga la firma tradicional al blindar la transacción comercial con mayor grado de seguridad informática, situación necesaria para agilitar el tráfico mercantil en la red.

El reconocimiento de una firma y rúbrica de un documento escrito, en el caso de documentos privados es un acto jurídico que se realiza por medio de un juez, conforme lo dispone el Art. 217 del Código Orgánico General de Procesos, quien en la audiencia respectiva recibirá la declaración bajo juramento del que se presume autor del mismo. Los notarios también gozan de la atribución legal para receptar la declaración juramentada de la firma estampada en un documento es la utilizada en todos sus actos públicos y privados, circunstancia regulada en el Art. 18 # 3 de la Ley Notarial. Sin embargo, salta la duda de que si la firma electrónica puesta en un documento, debe ser reconocida ante un juez o notario, para que tenga validez jurídica conforme lo indica el Art. 217 de la ley procesal.

Para responder a esta interrogante, es necesario indicar dos cuestiones: 1) Todo documento que ha sido firmado electrónicamente por un certificado emitido por una entidad de certificación de información acreditada, goza de una presunción legal de validez según el Art. 53 de la Ley de Comercio Electrónico, de tal manera que no es necesario autenticar la firma del titular ante un Juez o Notario; y, 2) Solamente en caso de impugnación de la firma electrónica, debería realizarse su proceso técnico de comprobación.

La forma para determinar que una firma electrónica le corresponde a una persona natural o jurídica, es a través de la comprobación de su certificado electrónico emitido por una entidad de certificación de información acreditada por el CONATEL en el Ecuador, según lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Comercio Electrónico y el Art. 7 del Reglamento. Dicho certificado es un archivo informático que debe contener requisitos esenciales como: la identidad y domicilio de la entidad de certificación de información, los datos del titular del certificado que permitan su ubicación e identificación, el método de verificación de la firma del titular del certificado ( es decir, la clave pública para descifrar el documento), la fecha de emisión y expiración del certificado, la firma electrónica de la entidad de certificación, las limitaciones o restricciones para el uso del certificado, entre otros. Sin estos requisitos, la firma electrónica generada a partir de dicho certificado pierde validez jurídica, y por tanto no demuestra la autenticidad del documento.

Por su alto grado de complejidad técnica, la comprobación de la validez de un certificado no podría realizarse por un Juez o Notario, quienes por más que sean conocedores del Derecho y sus normas, no gozan de la experticia informática para poder desarrollar esta actividad, que implica -como se dijo anteriormente- la verificación del método de generación de la firma electrónica. Es por esto, que de forma sabia el legislador estableció los pasos a seguir en caso de impugnación en juicio de un certificado electrónico, que se realizará en la forma que determina el Art. 54 b) de la Ley de Comercio Electrónico, que indica: “el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho los certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud del firmante”. Posteriormente, el Art. 55 ídem segundo inciso determina “…para la valoración de la prueba, el juez o árbitro competente que conozca el caso deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio técnico y tecnológico de las pruebas presentadas”.

Por lo tanto, ¿es necesario legalizar ante un Juez o Notario un documento firmado electrónicamente? La respuesta es negativa, justamente por la presunción legal de validez de la firma electrónica; y, en caso que alguien llegase a impugnarla, será el perito informático previa designación por el Juez correspondiente, quien examine la validez del certificado electrónico a partir de los documentos en que se basó su solicitud ante la entidad de certificación de información y previo análisis de su método de generación.

David Vergara About the author

Profesor de Derecho Informático en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Máster en Derecho de Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

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