Las smart cities o ciudades inteligentes son un modelo de gestión municipal que tiene como fin el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, aprovechando al máximo sus recursos, mediante el uso de TICs y de los datos. ¿Quieres saber cómo funciona este modelo y qué implicaciones y retos trae consigo? Entonces, sigue leyendo.
Las smart cities: sus objetivos y cómo pretenden conseguirlos
Detrás de este modelo de ciudad se esconde una importante pretensión: ofrecer unos servicios municipales más sostenibles, eficientes y accesibles. En estos contextos, los ciudadanos pueden realizar todos sus trámites y acceder a toda la información y los servicios que necesiten telemáticamente. Así, al reducirse drásticamente los desplazamientos, además de mejorar la accesibilidad se contribuye a una movilidad mucho mas sostenible.
Ahora bien, ¿es posible materializar lo que promete este modelo? Para conseguirlo, hay que atender a sus pilares fundamentales, que son los siguientes:
- Acceso a los datos garantizado: sin el acceso a los datos de los ciudadanos ninguna ciudad inteligente podría funcionar. Para acceder a ellos, es necesario implementar todo tipo de sensores de forma automatizada y herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) o el Big Data.
- Administraciones con tecnología de vanguardia: el otro gran pilar es la Administración Electrónica, que pone a disposición de los ciudadanos la plataforma a través de la cual realizar las gestiones. Y es que las smart cities se asientan en la modernización tecnológica de la Administración Pública, especialmente de la local.
Grandes asignaturas pendientes
Ahora que ya hemos dejado claro cuáles son los fundamentos de las smart cities, cabe preguntarnos si estamos, en la actualidad, en disposición de implementar este modelo y esperar que sea una realidad. Pues bien, lamentablemente, aún queda mucho camino que recorrer, comenzando por la digitalización de la Administración.
Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las administraciones públicas deberían haberse digitalizado ya prácticamente en su totalidad. Pero la realidad es que a día de hoy la Administración española no se ajusta a los estándares normativos, sobre todo si hablamos del ámbito municipal, donde la información que se genera suele quedar excluida.
Igualmente, la gestión masiva de los datos haría fundamental la existencia de una política de transparencia, cobrando relevancia además de la normativa de protección de datos (RGPD) y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
¿Qué opina la AEPD de las smart cities?
La AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) se ha pronunciado sobre las smart cities en una de sus guías, donde indica es que existe una recogida indiscriminada de datos que no está justificada en base a alcanzar unos objetivos de eficiencia. Además, señala que es necesario tener en cuenta ciertos principios mínimos:
- El principio de minimización de datos: se pueden alcanzar los fines con datos anónimos y agregados
- El principio de lealtad: supone que los datos se usen para los fines perseguidos y el propósito original.
Asimismo, la AEDP nos recuerda que los tratamientos son de alto riesgo y que ello hace imprescindible que se realice una análisis previo de cada proyecto, atendiendo a toda esta información:
- El volumen de datos que se quieren procesar.
- El tipo y la cantidad de fuentes de las que se obtendrán los datos.
- La frecuencia con la que serán recogidos los datos.
- La duración del tratamiento y su tiempo de conservación.
- La evaluación del riesgo y del impacto que conlleva el tratamiento.
En ocasiones, incluso, será conveniente realizar una consulta previa a la AEPD.
Entonces ¿estamos preparados para las ciudades inteligentes?
Está claro que un proyecto como las ciudades inteligentes puede suponer grandes ventajas a la hora de realizar una gestión eficiente, sostenible y cercana al ciudadano, fomentando su participación mediante el gobierno abierto y afrontando los nuevos retos de manera más efectiva. Sin embargo, las ciudades inteligentes suponen nuevos desafíos jurídicos al no ajustarse nuestra normativa a esta realidad.
Desde nuestro punto de vista, se requiere una actualización normativa en el ámbito de protección de datos, teniendo en cuenta las potenciales vulneraciones de derechos que puede suponer el uso de IA, Big Data o algoritmos para la toma de decisiones basadas en datos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, se debe fomentar la transparencia y garantizar el acceso y publicidad activa de todo tipo de documentos, pero siempre protegiendo los datos de los ciudadanos.
Por último, la Administración Pública debería ser consciente de la realidad social de nuestro país y no olvidar que existe una brecha digital que hace que ciertos colectivos queden excluidos de los beneficios de las smart cities.
