¿AÚN NO TIENES UN DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)?

Esta figura se vuelve obligatoria para las AAPP y para multitud de empresas con la entrada del Reglamento Europeo de Protección de Datos (aprobado el 25 de mayo 2016)

El 25 de mayo de 2016 se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y con él, la figura del “Data Protection Officer” (DPO) se vuelve imprescindible y obligatoria en muchos casos para las empresas y para las Administraciones Públicas.

El Delegado de Protección de Datos es el encargado de garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos establecidos por el Reglamento Europeo. Por esta razón será obligatorio para:

  • Administraciones Públicas (excepto Tribunales en ejercicio de su función judicial)
  • Empresas que traten datos de “forma masiva”
  • Empresas que traten datos especialmente sensibles a gran escala

Puesto que la tendencia a la transformación digital de las empresas es inevitable, prácticamente cualquier empresa tratará datos personales de forma “masiva”, y por lo tanto, contar con un Delegado de Protección de Datos se vuelve una tarea esencial.

Pese a que hasta 2018 el Reglamento no es directamente aplicable, en APDTIC consideramos fundamental comenzar a adaptar los procesos de tratamiento de datos de las empresas y Administraciones a la nueva normativa europea.

Nuestro equipo cuenta con los requisitos exigidos por el art. 37.5 del Reglamento, teniendo una cualificación académica requerida y la experiencia acreditada para cumplir con estas funciones adaptadas a las necesidades de tu empresa.

Funciones del DPO dentro de la empresa o Administración Pública:

  • Informar, asesorar y sensibilizar al responsable o al encargado del tratamiento y a sus empleados.
  • Supervisar el cumplimiento del Reglamento Europeo, concienciar y formar al personal que participe en el tratamiento de datos.
  • Supervisar los requisitos relativos a la Privacidad desde el Diseño, la Privacidad por Defecto y la Seguridad de los datos.
  • Atender las peticiones de información y las solicitudes presentadas por los interesados ejerciendo sus derechos.
  • Establecer una función documental dentro de los procesos de tratamiento de datos dentro de la empresa o Administración.
  • Actuar como punto de contacto con la Agencia Española de Protección de datos, con las funciones de supervisión y cooperación.